Varios responsables latinoamericanos criticaron enérgicamente la política migratoria europea, en particular su Directiva del Retorno, durante el Foro de Biarritz sobre las relaciones entre América Latina y la Unión Europea (UE) que se celebra en el sur de Francia.
La migración dentro de un contexto de crisis financiera mundial ha sido el principal tema debatido en el segundo día del Foro de Biarritz, que coincide con otra reunión en Vichy (centro) de los ministros y secretarios de Estado europeos encargados de la migración y la integración.
En Biarritz todos coincidieron en la necesidad de regular y normalizar criterios respecto al fenómeno migratorio.
Los asistentes discrepaban, por el contrario, en el tipo de normalización y de regulación convenientes, así como en los criterios por los que deben regirse y su alcance.
Las críticas más virulentas contra la política migratoria europea tuvieron como blanco la Directiva del Retorno, por considerar que pretende resolver un "problema muy complejo", con matices sociales, económicos y políticos, mediante un enfoque condicionado por "un criterio policial y de seguridad".
"Hay una evolución entre un fenómeno que se explicaba por causas económicas y de sociedad a un fenómeno que tiende a ser construido en el discurso como un problema de políticas policiales e incluso militares", señaló el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias sociales (FLACSO), el ecuatoriano Adrián Bonilla.
"Una persona que viene buscando trabajo no tiene una actitud agresiva, no efectúa un acto de invasión, no pone en peligro la seguridad, ni la cultura ni las instituciones del país que lo acoge y produce mucho más riqueza para éste que la que envía", insistió.
El ex presidente colombiano Ernesto Samper, que presidió el debate, fue aún más severo con los principios fundadores de la política de la UE.
"Aquí lo que se está haciendo es una criminalización", estimó, refiriéndose en particular a una reforma propuesta por el jefe del gobierno italiano Silvio Berlusconi que preveía la introducción del delito de inmigración clandestina, algo que por ahora no se ha concretado.
Samper estimó que con el recurso a la retención administrativa de los emigrantes se niega el derecho de hábeas corpus (que garantiza la libertad personal del individuo) y concede la facultad de emitir dictámenes a las instancias administrativas.
Igual de severo fue con el criterio de la migración selectiva que propugna Francia, entre otros países europeos.
"¿Quién nos va a pagar por esta riqueza que estamos entregando?", se preguntó Samper. "Porque lo que está ocurriendo es que estamos exportando educación sin aranceles", agregó.
Desde el punto de vista de la UE, expresado entre otros por el diputado europeo y ex secretario de Estado español Luis Yáñez Barnuevo, la Directiva del Retorno es un instrumento de regulación.
"Tiene la virtud de ser un instrumento menos malo que lo que existía hasta ahora", explicó Yáñez Barnuevo insistiendo en que fija límites a la retención administrativa de los inmigrantes ilegales, que en nueve paises de la Unión Europea era indefinida.
Regula asimismo la inmigración legal para evitar el desarrollo de redes criminales ilegales, comentó el eurodiputado español.
Además, a su entender, responde "a una opinión europea que está creciendo hacia posiciones de hostilidad hacia los inmigrantes".
El debate se articuló en torno a una idea latente: proponer a las instancias internacionales la elaboración de un "código internacional de migraciones".
La ex ministra de Educación paraguaya Blanca Ovelar se adelantó a ella advirtiendo de la necesidad de tomar en consideración el elemento esencial del fenómeno migratorio, que es por encima de todo "su dimensión humana".
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