Se persigue la inmigración irregular, pero no la acogida humanitaria: Entre las novedades de esta reforma de la Ley de Extranjería destaca que la ley redefine las sanciones aplicables a los promotores de las inmigración irregular «para dejar fuera de toda duda que no se van a perseguir conductas de acogida humanitaria», si bien mantiene la persecución de quienes provocan la entrada y estancia de un extranjero como turista, y además, sostienen su estancia irregular. Se creará un registro de entradas y salidas de los extranjeros para mejorar el control preventivo de la estancia irregular en nuestro país. Además, las órdenes de expulsión podrán conceder un plazo de entre 7 y 30 días para que se abandone voluntariamente España, y se impondrán plazos de prohibición de entrada de un máximo de 5 años.
El texto también mejora las garantías en los procedimientos de expulsión introduciendo el principio de proporcionalidad para graduar las propuestas de sanción.
Se eleva a 60 días la estancia en un centro de internamiento: Se eleva de 40 a 60 días la estancia máxima en un centro de internamiento. Se incorpora también la posibilidad de entrada de las ONG a los Centros de Internamiento, ha subrayado el Ejecutivo.
La ley acota también las posibilidades de suspensión del plazo de internamiento a los supuestos de solicitud de asilo o «habeas corpus», por un tiempo tasado y se establecen los plazos máximos de suspensión.
Reagrupar a los familiares: Además,el texto plantea limitar la reagrupación de los ascendientes (abuelos), de modo que sólo podrán venir los mayores de 65 años y siempre que su familiar resida en España desde hace cinco años.
La vicepresidenta ha recalcado que las nuevas condiciones de reagrupación «mejoran la futura integración y dan prioridad a la familia nuclear».
Así, establece más rigor en la comprobación de las condiciones económicas y de vivienda del reagrupante y otorga desde el principio una autorización para trabajar a los reagrupados.
Permisos de trabajo a los hijos en edad de trabajar y a las víctimas de violencia machista: La reforma prevé conceder permisos de trabajo a los hijos reagrupados en edad laboral (a partir de 16 años), permisos de residencia y trabajo a las extranjeras víctimas de violencia machista para que por el temor a la expulsión no tengan miedo a denunciar, y posibilitará reunir a la pareja de hecho en las mismas condiciones que un matrimonio.
Repatriaciones «tuteladas»: Además, los menores de edad podrán ser escuchados por un abogado antes de ser repatriados a sus países de origen. Se celebrará un audiencia del menor en estos procesos, y los mayores de 16 años podrán intervenir en estos procesos.
No hay castigo para las ONG: La nueva ley prevé que no se castigará a aquellas ONG que presten asistencia humanitaria a los inmigrantes ilegales y tampoco recortará sus derechos.
Por otra parte, el pasado 21 de abril el Congreso rechazó las proposiciones de Ley del PP y de ERC, IU e ICV relativas a la reforma de la Ley de Extranjería, ya que los grupos coincidieron en esperar a que llegue al Congreso, tal y como hoy se ha acordado, la reforma presentada por el Gobierno el pasado mes de diciembre.
La reformada y controvertida Ley de Extranjería lleva en vigor nueve años y sustituyó a la aprobada en 1985. La nueva reforma se presentó el pasado mes de diciembre y hoy ha recibido el visto bueno por el Gobierno. Se trata de una de las legislaciones que ha sufrido más cambios, condicionados por el creciente fenómeno migratorio.
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