El ‘crimen’ de ser un inmigrante en España

Los Centros de Internamiento para Extranjeros han recibido el rechazo no sólo de los familiares de los indocumentados, sino de ONGs de la Unión Europea. Especial para El País

La Unión Europea ha pedido el cierre de la mayoría de los Centros de Internamientos para Extranjeros, donde son recluidos los indocumentados. Si alguien puede decir qué tiene mala suerte, es José Alirio Pérez, un palmireño que no ha hecho más que sufrirla, casi a diario, casi siempre. Esta semana, no más, su cuñada Edilma visitaba un abogado en el Colegio de Madrid para que le ayudara a sacarlo de donde estaba, pero para comprobar su mal designio, ya no hay nada que hacer. José culminó sus cuatro días en el Centro de Internamiento de Inmigrantes en Carabanchel, Madrid, de donde saldrá expulsado quizá en una semana, o dos, acompañado de varios agentes de la Guardia Civil, hacia Colombia. El mismo avión seguirá a Quito, La Paz y quizá a Sao Paulo y Asunción, repartiendo otros dos centenares de sueños rotos. Su historia es como la de muchos, algunos que se han ido y algunos que se han quedado. El único ingrediente que habría que agregarle es el que él dice: la “mala suerte”. Pero si José repasara, como lo hizo diez días antes de que lo pillaran en la calle, sabría que lo que la vida entrega coincide en ocasiones con lo que los hombres buscan en ella. “Cuando uno se tuerce, ya no hay remedio, acaba mal”, dice. Con apenas 25 años, separado de su novia brasilera y con un hijo de 3 años nacido en Madrid -Alejandro-, José no podrá volver a España hasta dentro de diez años. Si regresa al cabo de ese tiempo el pequeño tendrá entonces 13 y él se habrá perdido uno de los mayores placeres de la vida, ver crecer a los hijos. “No parecía inmigrante, pasaba por español, pero tenía mala suerte y la Policía siempre lo paraba. Tenía orden de expulsión desde hace dos años, lo llevaban a la Comisaría y luego lo soltaban. Ya lo conocían, pero desde el pasado sábado tenía orden de captura y eso cambió todo”, dice su cuñada. Pero a la suerte hay que ayudarla y José no lo hizo. Al contrario, él mismo se dañó el destino cuando en medio de una fuerte discusión golpeó a su esposa Ana, justo cuando entraba en vigencia la Ley contra el Maltrato, que establece penas muy altas. Su mujer lo denunció y le quitaron la custodia del niño. Después de arrepentirse, al cabo de un mes de separación, Ana le permitió visitar a su hijo, a escondidas del juez. Incluso, aceptó su colaboración al mudarse de residencia, pero ni siquiera se habían bajado de la furgoneta de mudanza cuando se detuvo delante de ellos un coche particular. Dijeron que eran de la Policía y, mostrando las placas, les obligaron a quedarse en el interior mientras comprobaban datos del vehículo y los papeles de cada uno. José no tenía. Su ex mujer está apenas haciendo los trámites por haber tenido su hijo en España. Si hubiera sido otra la situación, por ejemplo, que no estuviera su ex esposa cerca, sólo le habrían recordado que tenía orden de expulsión, y quizá, como otras veces, le habrían dejado ir. Pero él no contó con que ambos, José y Ana, tenían una orden de alejamiento. La mujer pasó la noche en una celda con una chica ecuatoriana y dos paraguayas, él estuvo cuatro días de estación en estación hasta llegar a Carabanchel. “Lo sacó un abogado, pero el violar la orden, era ya un delito grave. Por eso le pidieron que se presentara el 15 de octubre. Pero él no fue, sabía que si iba, ésta vez lo iban a dejar hasta deportarlo”, explica Edilma. Así que volvió al trabajo de repartidor de propaganda en la calle. Y como quien cree que tiene mala suerte, siempre la está llamando. José cambió de casa, se fue a otro barrio y el fin de semana, con el pelo corto, afeitada la barba y vestido de frac --por primera vez en su vida--, lo detuvo la Policía. No le dieron tiempo ni de devolver el traje al amigo que se lo prestó. Sin saber lo que iba a encontrar en la calle, José salió de la fiesta en el mismo barrio de Carabanchel, donde está la cárcel, pero en la parte baja. Ya se había despedido, cruzó la puerta del edificio, giró a la derecha por la acera y al voltear la esquina vio las patrullas. Quizá hubiera pasado desapercibido si no llevara un traje tan elegante. En ese instante, acababan de capturar a dos mujeres con más de un kilo de cocaína. De casualidad también. Tenían un jeep todoterreno y una de ellas se había quedado en el coche mientras la otra iba a traer una llave que tenía que recoger. En eso pasó una patrulla de policías, les pidieron los papeles y al abrir la bodega, hallaron la droga. La zona se llenó de luces azules que rebotaban en las paredes. Era el momento en que José doblaba la esquina. “No sé si se puso nervioso, el hecho fue que lo llamaron y al comprobar que había faltado a la comparecencia por haber violado la orden de alejamiento, se lo llevaron. Sigue con su traje prestado y se lo llevan para Colombia, este fin de semana. Debe estar angustiado. Su hijo era todo para él”, dice un amigo. José ha sido uno de los pocos que ha logrado entrar y salir del Centro de Internamiento para Extranjeros de Carabanchel, donde son recluidos los desposeídos que cometieron el ‘delito’ de venir a estas tierras en busca de un mejor futuro. “Son cárceles, -dice Sofía Sánchez, que salió de milagro- no hay rejas y celdas, pero es igual, no nos dejan ni siquiera hablar con nadie. No hay médicos, no hay psicólogos, ni trabajadoras sociales y hay algunos a los que tratan mal, los humillan. No te dejan llamar a un abogado, ni nadie te explica los derechos que te cobijan. Es muy duro, a veces llegan inmigrantes que han atravesado el mar, algunos de sus amigos han muerto y llegan muy mal, sin hablar, en cuclillas. Es muy triste”. En la mira En España existen diez centros de Internamiento de Extranjeros, la mayoría en el sur de la Península y en las Islas Canarias. No son de ahora. Los cambios a la Ley de Extranjería en 1985, cuando ni siquiera se pensaba que iba a llegar la ola de inmigrantes quince años después, permitía la creación de dichos centros, sobre todo, pensados para los marroquíes y subsaharianos. El primero de ellos operó en Sangonera La Verde (Murcia) en 1985, con capacidad para 60 personas. Trece años después se crearon el de Barranco Seco, en la isla de Gran Canaria, el de Capuchinos en Málaga, otro en un antiguo campamento militar El Matorral, en la isla de Fuerteventura. Al año siguiente, en pleno pico de la inmigración hacia España, se abrió el de Hoya Fría en Tenerife. A este le siguieron Zapadores en Valencia, el de Madrid, Carabanchel y el de la Zona Franca de Barcelona. Todos ellos tienen la vigilancia de la Unión Europea, en especial el de Carabanchel, donde los internos han denunciado torturas. Las ONGs SOS Racismo, Ferrocarril Clandestino y Médicos del Mundo denunciaron malos tratos, falta de higiene y poco control de enfermedades en el recinto. Nelson Riaño Quiñones es de la provincia de El Oro en Ecuador. No tiene papeles, pero aún con oferta de trabajo, no le han permitido que los tramite, porque le hicieron carta de expulsión y se la han renovando. “En el patio sobrevivimos de forma inhumana, ya que caminamos encima de nuestras propias heces y orina”, relató. Nelson está regularizando sus documentos y es posible que un abogado logre levantar la orden de expulsión. Uno de cada diez inmigrantes retenidos el año pasado en los nueve Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) tuvo que ser puesto en libertad por agotar el plazo máximo de detención previa a la expulsión, fijado en 40 días, según la Fiscalía General. Un total de 26.032 extranjeros pasaron en el 2008 por alguno de estos centros, de ellos, 2.761 tuvieron que ser puestos en libertad porque los trámites de repatriación se demoraron más allá del tiempo. No obstante, el 60% de los extranjeros pudo ser expulsado (18.308 inmigrantes abandonaron España). Para Gabriel Ruíz Enciso, autor del libro ‘Centro de Internamiento de Extranjeros: cárceles encubiertas’, estos lugares presentan muchas deficiencias. “De hecho, la Unión Europea ha pedido el cierre de la mayoría de ellos”. Cambios A los centros de internamiento se les ha requerido poner en marcha alternativas de detención, al menos para personas vulnerables y las familias con niños. Carabanchel ya lo ha hecho, tiene un pabellón para madres con hijos. Mejorar las condiciones de vida materiales y de higiene en los centros. Abrir los centros al exterior, permitiendo un acceso permanente a las ONGs y velar por el respeto de los derechos de los inmigrantes para prevenir abusos. Ya está contemplado en los cambios a la Ley de Extranjería. Poner en marcha dispositivos de asistencia a personas debilitadas por las condiciones de su viaje a Europa. Mejorar la identificación y atención de las personas vulnerables o con problemas psicológicos. Mejorar el sistema de acceso a los cuidados médicos.