La Universidad de La Laguna, a través de su Facultad de Derecho y de su Centro de Estudios Criminológicos, y el Cabildo de Tenerife, mediante la Consejería delegada de Juventud, Educación e Igualdad, han organizado un seminario sobre el papel de las administraciones locales ante la inmigración irregular, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de septiembre en el Aula Magna de la Facultad de Derecho.
Estas jornadas, de acuerdo con un comunicado de la ULL, destinadas al personal de las administraciones públicas canarias, abogados y profesionales, además de alumnos universitarios de Derecho, Trabajo Social y Relaciones Laborales, están coordinadas por el profesor José Ulises Hernández, quien pretende abordar desde una perspectiva multidisciplinar el objeto de este seminario.
El docente apuntó que las políticas referidas a la inmigración irregular se basan principalmente en tres pilares: control de los flujos inmigratorios, reinserción y cooperación con los Estados de procedencia. "A las administraciones públicas afectan, sobre todo, las políticas de reinserción, pues además de cómo se materialicen en la práctica, aparece como prioritario establecer cuál es el marco de competencias que tienen atribuidas en esa materia y, en consecuencia, el límite mínimo de los derechos que puedan ejercer las personas que se encuentren de forma irregular en nuestro país y que impliquen, a su vez, la prestación de servicios por parte de las corporaciones públicas, entre ellas las locales".
Este hecho permite que las actuaciones de la administración queden netamente desligadas de actividades que pudieran favorecer la inmigración irregular, continuó el experto, de tal modo que se pueda explorar el alcance y la naturaleza de la intervención judicial ante tal fenómeno inmigratorio, en el que la autorización, y las consecuencias jurídicas para las administraciones de los inmigrantes menores no acompañados, ocupan un papel importante.
Estas jornadas, de acuerdo con un comunicado de la ULL, destinadas al personal de las administraciones públicas canarias, abogados y profesionales, además de alumnos universitarios de Derecho, Trabajo Social y Relaciones Laborales, están coordinadas por el profesor José Ulises Hernández, quien pretende abordar desde una perspectiva multidisciplinar el objeto de este seminario.
El docente apuntó que las políticas referidas a la inmigración irregular se basan principalmente en tres pilares: control de los flujos inmigratorios, reinserción y cooperación con los Estados de procedencia. "A las administraciones públicas afectan, sobre todo, las políticas de reinserción, pues además de cómo se materialicen en la práctica, aparece como prioritario establecer cuál es el marco de competencias que tienen atribuidas en esa materia y, en consecuencia, el límite mínimo de los derechos que puedan ejercer las personas que se encuentren de forma irregular en nuestro país y que impliquen, a su vez, la prestación de servicios por parte de las corporaciones públicas, entre ellas las locales".
Este hecho permite que las actuaciones de la administración queden netamente desligadas de actividades que pudieran favorecer la inmigración irregular, continuó el experto, de tal modo que se pueda explorar el alcance y la naturaleza de la intervención judicial ante tal fenómeno inmigratorio, en el que la autorización, y las consecuencias jurídicas para las administraciones de los inmigrantes menores no acompañados, ocupan un papel importante.
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